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Varios países de Europa occidental atraviesan una ola de protestas protagonizada por jóvenes y sectores tradicionales. Los detonantes visibles van desde el deterioro del sistema educativo en Francia e Italia hasta la crisis de acceso a la vivienda en España o deficiencias en servicios esenciales en Bélgica.
La versión más difundida por medios atribuye el malestar a supuestos recortes de austeridad aplicados para contener déficits y deudas públicas elevadas. No obstante, los datos presupuestales matizan el relato: las metas proyectadas a 2027 contemplan reducciones marginales del déficit. La deuda pública como proporción del PIB se mantendrá estable en Francia, Italia y Bélgica, y disminuirá ligeramente en España. No existe un «austericidio» real. Es un ajuste fiscal necesario y sin embargo insuficiente para corregir los enormes problemas fiscales que enfrentan.
En los círculos económicos y multilaterales prevalece un diagnóstico de fondo: el problema no es el ajuste, sino la ineficiencia estatal en la entrega de servicios públicos. Esta desvinculación del pacto fiscal tradicional en Europa occidental —la fractura entre los impuestos que paga el ciudadano y la deficiente calidad que recibe a cambio— sirve como caldo de cultivo para movilizaciones políticas donde la acusación de «austeridad neoliberal» resulta altamente rentable para las oposiciones.
Aun con su deterioro percibido, el Estado de bienestar europeo se mantiene en niveles muy superiores al de economías emergentes. En Europa el gasto social total oscila entre 28% y 32% del PIB —con fuerte peso en salud, educación, vivienda y pensiones—, mientras que en México representa apenas el 13%. En gasto social «puro» (que excluye educación y vivienda), el bloque europeo destina cerca del 20% del PIB frente al 11% mexicano. Sin embargo, al medir el gasto social como proporción del gasto primario (que exceptúa el costo financiero de la deuda), ambas regiones destinan una proporción similar: alrededor del 42%.
Esta comparación expone un desequilibrio estructural: México cuenta con un Estado de bienestar fiscalmente acotado, pero que compromete una tajada equivalente de sus recursos disponibles en perjuicio de la inversión productiva e infraestructura. Ello sin considerar las marcadas brechas en la calidad de los servicios, en la infraestructura y en la productividad general de la economía.
¿Anticipa esto un riesgo inminente de malestar social en México? No en el corto plazo. La ola de transferencias en efectivo es relativamente reciente y el beneficio directo parece evitar el descontento, llevando a la población a tolerar la deficiencia persistente de los servicios públicos. En Europa, por el contrario, las prestaciones públicas son percibidas como derechos adquiridos e inalienables.
Sin embargo, la lección europea es una advertencia de largo plazo. Cuando los apoyos monetarios topen con la restricción de las finanzas públicas —en un contexto de severas resistencias políticas y operativas para una reforma fiscal de recaudación significativa—, la imposibilidad de sostener las entregas reales de efectivo junto a la brecha de calidad de los servicios públicos se convertirá en un reclamo ineludible.