La gira de Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú refleja un cambio en la estrategia antidroga de EE.UU.: de la cooperación tradicional contra el narcotráfico a una respuesta cada vez más militar y regional.
El Escudo de las Américas se presenta como una nueva coalición regional contra el crimen transnacional. Pero ¿qué cambia realmente respecto a la política antidroga que Washington ha aplicado durante décadas? ¿Y qué lecciones deja el Plan Colombia?
Estados Unidos lleva décadas intentando frenar la producción y el tráfico de cocaína procedente de América Latina. Lo que cambia ahora, según los expertos consultados por 'Euronews', es el peso que Washington concede a la fuerza militar.
Para John Walsh, experto en políticas de drogas de Washington Office on Latin America (WOLA), el objetivo de reducir la oferta de cocaína no es nuevo. Lo novedoso está en los métodos. "Lo que sí es nuevo en esa nueva campaña de Estados Unidos [...] es su enfoque y su lenguaje [...] usando la fuerza letal militar", explica.
El experto establece una diferencia clara con el modelo tradicional, basado en Policía, Inteligencia, investigación y procesos judiciales. Ahora, dice, "no escuchan a los abogados".
Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, e investigador sénior no residente del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, coincide en que el elemento militar gana protagonismo, pero pone el acento en lo que, a su juicio, falta. El antiguo modelo, explica, no consistía únicamente en desplegar fuerzas de seguridad: también buscaba "desarrollar casos judiciales, recoger inteligencia, información, evidencias" y fortalecer las instituciones.
En su opinión, esa es precisamente una de las grandes diferencias con el Escudo de las Américas: "Lo que existe es la voluntad y el compromiso de usar la fuerza militar para golpear a los criminales y punto". La frase que mejor resume su diagnóstico es también una comparación con el pasado: "La fuerza es esencial, pero no es suficiente".
Los tres países ocupan posiciones diferentes dentro del mapa de la cocaína. Colombia y Perú están vinculados a la producción de coca, mientras que Ecuador se ha convertido en un importante punto de tránsito de la cocaína hacia los mercados internacionales, especialmente a través de sus puertos.
Pero hay otra razón que explica la elección de estos países: Washington encuentra gobiernos dispuestos a profundizar la cooperación en seguridad.
"Esos tres países son el epicentro, digamos, de la producción y el tráfico de la cocaína", señala Walsh. A ello añade una coincidencia política: los tres gobiernos están "muy bien alineados" con la Administración Trump en su discurso de lucha contra el denominado narcoterrorismo.
Whitaker introduce un matiz importante. La amenaza actual no es la misma que hace 25 años. Cuando comenzó el Plan Colombia, Estados Unidos y Colombia se enfrentaban a una insurgencia, las FARC, que pretendía derrocar al Gobierno y utilizaba el narcotráfico para financiarse.
Ahora, explica, existen "grupos transnacionales, criminales que quieren seguir con lo suyo" y que operan a través de las fronteras. Por eso, considera que la respuesta también tiene que adaptarse: "Debe haber un esfuerzo más enfocado en la realidad de hoy".
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La comparación resulta inevitable, pero los dos entrevistados coinciden en que no se puede trasladar directamente aquel modelo al contexto actual.
Whitaker recuerda que el Plan Colombia combinaba la fuerza con otros elementos: justicia, fortalecimiento institucional y presencia del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto. Uno de sus componentes fundamentales era ofrecer alternativas a las comunidades vinculadas a las economías ilegales.
"Si no se eliminan las causas, las raíces de esos problemas, van a regresar", advierte. "Si se eliminan unos criminales, van a surgir otros... Es lo que ha ocurrido en Colombia una y otra vez". Su conclusión es que combatir militarmente a una organización no basta si continúan existiendo incentivos para cultivar coca, practicar minería ilegal o recurrir a la extorsión.
Walsh llega a una conclusión similar, aunque desde una perspectiva mucho más crítica con la propia política antidroga de EE.UU. Reconoce que el Plan Colombia tuvo resultados en materia de seguridad y contribuyó a crear las condiciones para el proceso de paz con las FARC. Pero subraya que no consiguió acabar con el narcotráfico.
"Un esfuerzo muy grande en entrenamiento y equipo militar por parte de EE.UU. en Colombia [...] y una campaña masiva de fumigaciones aéreas de la coca no consiguieron acabar con el problema de la producción y tráfico de drogas", sostiene. Para Walsh, esa es la principal lección: una estrategia puede debilitar a determinados grupos armados sin eliminar el mercado que los alimenta.
Aquí las posiciones de ambos expertos convergen de nuevo. Whitaker considera que la fuerza debe formar parte de la respuesta, pero integrada en una estrategia más amplia. Su propuesta incluye justicia, desarrollo alternativo e infraestructuras. Pone un ejemplo especialmente claro: en algunas zonas rurales colombianas, los agricultores pueden producir cultivos legales pero no tienen carreteras o conexiones suficientes para llevarlos a los mercados. "Se debe incluir todos los elementos", afirma. "Se debe incluir la fuerza, se debe incluir la parte judicial, desarrollo alternativo [...] y la infraestructura".
Walsh va más allá y cuestiona el propio planteamiento económico de la guerra contra las drogas. A su juicio, el narcotráfico no es esencialmente un problema militar, sino un negocio alimentado por una demanda internacional sostenida.
Señala que no es "no es solo probable, sino predecible" que unas organizaciones criminales sustituyan a otras. Mientras exista demanda y un mercado ilegal extraordinariamente rentable, explica, las organizaciones tendrán incentivos para ocupar el espacio que dejan aquellas que son desmanteladas. "Las ganancias son tan gigantes" que permiten a las organizaciones criminales corromper instituciones, invertir en nuevas rutas y adaptar sus métodos.
Por eso, Walsh cuestiona incluso el sistema de prohibición que sustenta buena parte de la política antidroga: "El sistema de prohibición no ha frenado eso y por eso ha dado lugar a esas finanzas, esas ganancias gigantescas que van al lado del crimen organizado".
Es una de las consecuencias que señalan ambos expertos. El objetivo declarado de las operaciones estadounidenses es impedir que la droga llegue a Estados Unidos. Pero la cocaína que no encuentre una ruta hacia el mercado estadounidense puede buscar otros destinos. "Los precios de la cocaína y la disponibilidad [...] son muy estables en Estados Unidos", sostiene Walsh, pese al aumento de las operaciones de interdicción.
Su explicación es el denominado efecto globo: cuando aumenta la presión en una ruta, el tráfico se desplaza hacia otra. "La presión [...] no hace en general que se disminuya, mucho menos que se erradique el tráfico, sino que hace que haya un cambio de las rutas y los modos", explica.
Y esas rutas son cada vez más sofisticadas. Walsh menciona incluso el uso de submarinos capaces de transportar cocaína desde América hasta Europa. Whitaker apunta también que "la cocaína va a seguir buscando sus mercados en otros lugares". La consecuencia no sería necesariamente que haya menos cocaína, sino que cambien las rutas, los intermediarios y los métodos utilizados para hacerla llegar al consumidor europeo.
El giro estadounidense también tiene una dimensión geopolítica con respecto a China. Para Walsh, el Escudo de las Américas forma parte de un intento más amplio de Washington por reforzar su influencia en la región y contrarrestar la presencia de China, aunque advierte de que esa estrategia llega tarde: muchos países latinoamericanos ya mantienen importantes vínculos económicos con Pekín. "No se puede simplemente revertir eso", sostiene. Los gobiernos de la región tendrán que equilibrar la presión de Estados Unidos con la relación económica que mantienen con China.
El Escudo de las Américas representa, según ambos expertos, un cambio con respecto a la política tradicional estadounidense. Para Whitaker, el problema no es utilizar la fuerza, sino utilizarla como única respuesta. Su apuesta es recuperar un modelo más amplio: "La fuerza es esencial, pero simplemente no es suficiente para dar una respuesta contundente y duradera".
Walsh es mucho más pesimista sobre la posibilidad de que una estrategia fundamentalmente militar reduzca el narcotráfico. A su juicio, la experiencia acumulada debería obligar a replantear el modelo. "Tenemos que regresar a los básico y realmente entender [...] qué hacer con ese sistema de la prohibición", sostiene. "Porque no ha funcionado".
La gran incógnita del Escudo de las Américas es, por tanto, si Washington está construyendo un nuevo Plan Colombia adaptado a una amenaza regional o si está inaugurando algo diferente: una estrategia en la que la fuerza militar pasa de ser uno de los instrumentos de la política antidroga a convertirse en su principal herramienta.
Y para Europa, la pregunta será otra: si Estados Unidos cierra unas rutas, ¿hacia dónde se moverá el negocio?