Organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de un acuerdo confidencial entre México y Estados Unidos mediante el cual más de 350 adolescentes han sido trasladados en vuelos comerciales desde la frontera norte hacia el sur del país.
Aunque el gobierno mexicano sostiene que el mecanismo busca protegerlos del crimen organizado, las organizaciones advirtieron que ya ha derivado en fugas, desapariciones temporales y nuevos escenarios de vulnerabilidad para los menores.
Durante la audiencia México: Impactos del crimen organizado en los derechos de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana (De oficio) celebrada en el 196º periodo de sesiones de la CIDH en Washington D. C., las organizaciones Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y Human Rights First (HRF) señalaron que entre diciembre de 2025 y julio de 2026 el mecanismo se ha aplicado al margen de los esquemas tradicionales de repatriación entre ambos países.
Las personas menores de edad son trasladadas a Chiapas, Tabasco y Yucatán. Foto: Cuartoscuro
Según las organizaciones, el traslado aéreo de los adolescentes hacia ciudades como Tapachula, Chiapas; Villahermosa, Tabasco; y Mérida, Yucatán, lejos de garantizar su protección, ha estado acompañado de al menos cuatro incidentes públicos de fuga y desaparición temporal que involucraron a jóvenes bajo custodia del Estado.
Las fallas operativas incluyen el escape de seis adolescentes de un vehículo del Instituto Nacional de Migración (INM) en Villahermosa, la salida no autorizada de tres menores en Tapachula, identificados como presuntos miembros de grupos criminales, y la reciente desaparición temporal de ocho jóvenes originarios de Tamaulipas y San Luis Potosí en Tabasco.
El acuerdo confidencial, advirtieron en la audiencia, dificulta la reunificación familiar y puede aumentar el riesgo de que las personas menores de edad sean reclutadas por grupos del crimen organizado.
Reciben a connacionales en el Centro de Atención de Reynosa. Foto: INM
Organizaciones como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y Human Rights First (HRF) denunciaron que desde finales de 2025 esta medida binacional busca alejar a los jóvenes de la frontera para evitar su cooptación por redes de tráfico de personas, fenómeno conocido como "migración de circuito".
No obstante, la medida se ejecuta con opacidad y al margen de los marcos legales habituales.
"En enero de 2026, las organizaciones peticionarias fuimos alertadas de manera confidencial sobre un posible acuerdo entre México y Estados Unidos para remitir vía aérea, al sur de México, a adolescentes nacionales con ingresos sistemáticos", leyó frente al micrófono Fernando Lera, integrante de la organización DHIA.
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Este procedimiento, explicaron los activistas, se implementa fuera de los Arreglos Locales de Repatriación vigentes desde 1995. Los destinos de llegada se concentran en ciudades como Tapachula, Villahermosa y recientemente Mérida.
Durante la audiencia, se reprodujo el testimonio grabado de un adolescente de Ciudad Juárez que describió la confusión de su traslado a Mérida: "…nos agarraron a las 8 de la noche y sin nuestro consentimiento nos dijeron que íbamos para Juárez y más bien nos trajeron a Yucatán… y ya".
Las organizaciones documentaron que en diciembre de 2025 seis adolescentes escaparon de un vehículo del INM en Villahermosa. Posteriormente, el 1 de abril de 2026, otros tres menores abandonaron sin autorización un centro en Tapachula y tras ser localizados las autoridades debieron separarlos en distintos albergues al confirmar su pertenencia a grupos delictivos rivales.
El incidente más reciente ocurrió el 23 de julio de 2026: ocho adolescentes —siete de Tamaulipas y uno de San Luis Potosí— desaparecieron en Villahermosa. Aunque la Fiscalía de Tabasco los localizó cuatro días después, no informó las circunstancias en que los encontró.
"Llevarlos a un lugar muy alejado de su lugar de origen o de sus familias genera un ámbito propicio para que vuelvan a ser cooptados o sean cooptados por el crimen organizado", advirtió Andrea Pochac, relatora de la CIDH para México. La también especialista en movilidad humana cuestionó quién decide los puntos de retorno de estos jóvenes.
La medida, lejos de proteger a los menores de edad los pone en riesgo, según organizaciones defensoras de derechos humanos. Foto: @PressSec
A este aislamiento se suma el impacto económico para las familias de escasos recursos. Cuando los menores de edad reinciden en la frontera, el Estado mexicano suspende el apoyo financiero para transportarlos de regreso a sus hogares y las familias se ven forzadas a costear vuelos comerciales —generalmente hacia Monterrey— y a recibirlos mediante cartas responsivas de las aerolíneas, sin que las procuradurías estatales de protección infantil aseguren una reunificación familiar adecuada.
Durante la audiencia, la delegación del Estado mexicano, coordinada por Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), defendió la legalidad y las intenciones de la estrategia de traslados aéreos.
"La protección de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, en particular las medidas de protección en los procedimientos de tránsito hacia México, se atiende de manera transversal y coordinada desde distintas dependencias en nuestro país", aseguró el funcionario mexicano.
Por su parte, César Villanueva Esquivel, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), argumentó que este procedimiento de repatriación fue diseñado por el gobierno federal con fines de protección.
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"El origen inicial de este procedimiento era justamente que las personas en general, en contexto de movilidad, fueran alejadas de los riesgos que podría tener también algún tipo de repatriación en la parte terrestre", afirmó el funcionario. Aseguró además que ningún traslado se realiza sin una evaluación documentada que priorice el interés superior de la niñez.
No obstante, las organizaciones Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y Human Rights First (HRF) denunciaron que los albergues del sur carecen de personal especializado para atender crisis de abstinencia en jóvenes que consumen sustancias; además, criticaron la falta de articulación para ejecutar planes reales de restitución de derechos.
Al cierre de la sesión, Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción en Ciudad Juárez, lanzó un fuerte recordatorio sobre el destino de los jóvenes que el sistema no logra rescatar.
"Al cumplir la mayoría de edad, muchos continúan en las filas del crimen organizado, asumiendo tareas de mayor riesgo y violencia. Esas vidas importan y deberían importarle al Estado mexicano", concluyó.