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Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, para solicitarle que retire cualquier respaldo financiero o logístico a la reanudación de las fumigaciones aéreas de cultivos de coca en Colombia. Los legisladores expresaron su preocupación por los posibles efectos de esta estrategia sobre la salud humana y el medioambiente, y cuestionaron su efectividad para reducir los cultivos ilícitos.
La comunicación, fechada el 29 de octubre de 2026, señala que la administración del presidente Donald Trump habría alentado al Gobierno colombiano a retomar las aspersiones. Frente a ese escenario, los congresistas manifestaron su oposición a que Estados Unidos aporte recursos o asistencia para poner en marcha nuevamente el programa.
En la carta dirigida a Rubio, los legisladores recuerdan que en 2015 la Corte Constitucional de Colombia prohibió las fumigaciones aéreas después de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificara el glifosato como una sustancia probablemente cancerígena para los seres humanos.
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También advierten que más de dos décadas de aspersiones con ese herbicida habrían ocasionado afectaciones en comunidades rurales, campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, además de daños en ecosistemas estratégicos como la Amazonía.
Otro de los puntos expuestos en el documento es el proyecto piloto de aspersión aérea que se propone desarrollar inicialmente en 1.000 hectáreas del departamento de Putumayo, equivalentes a unas 2.471 acres.
Los congresistas también cuestionaron la posibilidad de utilizar glufosinato de amonio, un herbicida que, según señalan, la OMS considera más peligroso que el glifosato y cuyo uso fue prohibido en la Unión Europea en 2018.
La carta recuerda que el 12 de septiembre un juzgado administrativo de Mocoa suspendió temporalmente el proyecto piloto. La decisión, según el documento, respondió a que todavía no se había demostrado el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Corte Constitucional para permitir una eventual reanudación de las fumigaciones. El Gobierno colombiano apeló esa determinación.
Los legisladores también cuestionaron la eliminación de programas financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que respaldaban alternativas económicas a los cultivos ilícitos en la Amazonía. Entre ellas mencionaron proyectos de producción agroforestal sostenible, turismo ecológico y acciones contra los delitos ambientales.
Según la misiva, la administración Trump también habría cancelado 25 millones de dólares que estaban destinados a comunidades afrocolombianas e indígenas, que podrían resultar especialmente afectadas por una eventual reanudación de las aspersiones.
Finalmente, los congresistas formularon cuatro preguntas a Rubio sobre el respaldo de Washington a las fumigaciones, los compromisos financieros y logísticos, el eventual uso de glufosinato de amonio y los planes para reemplazar los programas de sustitución de cultivos. Solicitaron una respuesta antes del 13 de noviembre de 2026.
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Los firmantes insistieron en que la reducción de los cultivos de coca requiere alternativas económicas para las comunidades rurales y cuestionaron que se retome una estrategia que, según su postura, no ha demostrado resultados sostenidos a largo plazo.
Bloque de preguntas y respuestas