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El voto en las prisiones de Brasil emergió durante el debate entre el senador Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva el 18 de octubre de 2026, una semana antes de que disputen el balotaje por la Presidencia. En un momento, Bolsonaro afirmó que la mayoría de los reclusos votaron por Lula en la primera vuelta, dato que es correcto. Sin embargo, la legislación brasileña permite votar solo a quienes están en prisión preventiva, lo que representa una mínima parte de la población carcelaria total.
En el debate en el canal Band News, el tema del voto carcelario surgió en dos momentos. El primero a los 30 minutos, cuando Bolsonaro le preguntó a Lula: ¿Puede explicar por qué el 73% de los reclusos votaron por usted?", a lo que el mandatario respondió: " Yo quiero que el 100% vote, hasta tu padre. Hasta tu padre", en referencia al expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado en 2023.
Este extracto se compartió más de 10.000 veces en Instagram, X, Facebook y TikTok, tanto en español como en portugués.
Posteriormente, el senador afirmó que cuando Lula fue elegido presidente en 2022, los reclusos armaron fiestas en las cárceles. Una narrativa similar que usó un video sacado de contexto y que fue verificado por AFP en aquel año.
El supuesto apoyo de la población carcelaria a Lula viene siendo explotado por la campaña del opositor Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, en publicaciones en redes sociales ( 1, 2) y en el canal oficial "Tropa do Flávio" en WhatsApp.
Captura de pantalla realizada el 20 de octubre de 2026 de una publicación del Partido Liberal de Brasil en X
La pregunta del senador se basó en datos que muestran que, de hecho, un 72,57% de los sufragios válidos en mesas electorales instaladas en centros penitenciarios apoyaron a Lula, mientras que un 23,29% a Bolsonaro.
Sin embargo, el derecho al voto en este caso se limita a quienes están en prisión preventiva —a la espera de juicio— y no tienen suspendidos sus derechos políticos. En 2026, el número de reclusos que efectivamente votó representó cerca del 1,16% de la población carcelaria del país.
De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), los presos preventivos y los jóvenes que cumplen medidas socioeducativas tienen garantizado el derecho al voto en Brasil.
El artículo 15, inciso III de la Constitución brasileña de 1988 contempla la pérdida o suspensión de los derechos políticos en caso de una condena penal firme —es decir, cuando ya no cabe interponer más recursos—, mientras dure la condena.
" Esto se basa en el principio de presunción de inocencia, según el cual nadie debe ser considerado culpable ni condenado de forma anticipada. Por eso existe esta previsión para el ejercicio del voto", explica Ariel de Castro Alves, abogado especialista en Derechos Humanos y exsecretario nacional del Ministerio de Derechos Humanos.
En Estados Unidos, un criterio de la Corte Suprema de 1974 sigue la misma línea, al determinar que las personas detenidas sin una condena conservan su derecho al voto. No obstante, esto varía según el estado; en algunos, por ejemplo, el voto se suspende en caso de condena por delitos graves, mientras que quienes fueron juzgados por infracciones de menor gravedad pueden votar.
Una resolución del TSE determina que los jueces electorales, bajo la coordinación de los Tribunales Regionales Electorales (TRE), dispongan la instalación de mesas electorales en centros penitenciarios o de internación para adolescentes para que las personas en prisión preventiva y los jóvenes puedan votar o justificar su ausencia.
Las mesas electorales deben instalarse en los establecimientos que cuenten con, al menos, 20 electores privados de libertad habilitados para votar. Si no se alcanza ese número mínimo, se informa a los electores, quienes podrán justificar su ausencia. El día de la votación, dichos centros también podrán recibir los votos de agentes penitenciarios y otras personas autorizadas.
Para votar, los detenidos también deben regularizar su registro electoral y solicitar el traslado de su lugar de votación a dichos centros. El plazo para realizar este trámite finalizó el 6 de mayo de este año.
A principios de 2026, el Congreso brasileño aprobó la Ley Antifacción que, entre otras medidas, prohíbe la inscripción en el registro electoral y el voto de cualquier persona privada de libertad, incluidos aquellos en prisión preventiva. La limitación debía entrar en vigor este año, pero fue suspendida por el TSE por vulnerar el principio de anualidad electoral, que impide realizar cambios a menos de un año de los comicios.
Ariel de Castro señala que la prohibición no afectaría a toda la población carcelaria. " La Ley Antifacción solo afecta a los adultos privados de libertad —mayores de 18 años—, quienes no podrán votar en los próximos procesos electorales. Pero los adolescentes mantendrán, independientemente de esta ley, su derecho garantizado a participar en el proceso electoral".
No obstante, el abogado calificó de " inconstitucional" la posibilidad de que las personas en prisión preventiva pierdan su derecho al voto por la nueva ley. Esto se debe a que el sufragio se encuentra consagrado en la Constitución bajo el principio de la presunción de inocencia, por lo que la normativa en cuestión no puede prevalecer sobre la Carta Magna.
Se espera que el tema sea resuelto por el Supremo Tribunal Federal (STF).
En la primera vuelta del 7 de octubre se contabilizaron 11.186 votos válidos en los 243 centros penitenciarios registrados. Esta cifra equivale al 1,16 % de la población reclusa del país —compuesta por 964.000 personas— y al 4,53 % del total de presos en situación de prisión preventiva —estimado en 247.000 personas—, según datos recientes del Anuario Brasileño de Seguridad Pública.
Para el experto, los bajos índices de participación de la población reclusa en el proceso electoral se deben a la falta de interés por parte de los estados y de las Secretarías de Administración Penitenciaria, responsables de organizar las mesas electorales en los respectivos centros.
El expresidente Jair Bolsonaro, quien está en arresto domiciliario desde noviembre de 2025 tras ser condenado por intento de golpe de Estado, tiene anulado su derecho a votar en las elecciones de 2026.
" Bolsonaro no puede votar porque ya fue condenado en última instancia, y la decisión fue ratificada tras los recursos presentados por su defensa ante el propio STF [Supremo Tribunal Federal], lo que convierte la sentencia en definitiva y firme", explicó el jurista.
En cambio, el banquero Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master y preso por un caso de desfalco, emitió su voto el 4 de octubre, a pesar de estar encarcelado desde marzo de 2026. " Daniel Vorcaro puede votar porque se encuentra bajo prisión provisional, preventiva, sin condena y a la espera de juicio", señaló Ariel de Castro.
En la resolución del ministro Alexandre de Moraes, a cargo del caso sobre la trama golpista en el STF, se determinó que Bolsonaro mantendrá sus derechos políticos suspendidos hasta el cumplimiento total de la pena, fijada en 27 años y tres meses de prisión.
La AFP ya ha verificado otras afirmaciones relacionadas a las elecciones presidenciales de Brasil en 2026.
Materia del TSE sobre el voto de personas en prisión preventiva
Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988
Resolución Nº 23.461 de 2015 del TSE