La diputada Nanci Parrilli (FpV) presentó un proyecto de ley para que la provincia adhiera a la ley nacional Nº27.499 denominada “Micaela” que prevé capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de la Mujer, que deberá certificar la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo y se encargará de capacitar a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los fundamentos explican que la norma lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 años víctima de un brutal femicidio, en reconocimiento a su militancia por los derechos de las mujeres y de los sectores más vulnerables. Agregan que la capacitación y sensibilización de quienes integran los diferentes estamentos del Estado viene a dar cumplimiento a una obligación internacional que asumió la Argentina al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belém do Pará.
También indican que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en reiteradas oportunidades la realización de capacitaciones en género a personas de diferentes sectores del Estado. A la vez, sostienen que la ley Micaela viene a dar respuesta, en el ámbito del Estado Nacional, a una urgencia que involucra a todas las personas que integran los estamentos de sus tres poderes. El objetivo de las capacitaciones es lograr intervenciones eficientes y comenzar a resquebrajar las estructuras patriarcales que reproducen, a través de la impericia o violencia institucional, la violencia contra las mujeres. Mencionan que en Neuquén se produjeron 74 femicidios desde el 2000 hasta el 2018.
El proyecto –Nº12.412- ingresó por mesa de entradas el 7 de marzo con la firma de Parrilli.
Repudian represión a trabajadores de Coca Cola
El diputado Raúl Godoy (PTS-FIT) presentó un proyecto de declaración en repudio a la represión dispuesta por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la policía de la ciudad el pasado 28 de febrero a los trabajadores y trabajadoras de Coca Cola FEMSA cuando se manifestaban contra los despidos.
Los fundamentos señalan que hace pocos días, la empresa y el sindicato Sutiaga pactaron más de 30 despidos tras presentar un “Procedimiento Preventivo de Crisis”. Agregan que durante la represión resultaron heridos varios trabajadores y dos fueron hospitalizados. “Resulta un hecho repudiable el intentar acallar con golpes y palos el reclamo de estos trabajadores que enfrentan, junto a sus familias, los despidos y la mentira de una crisis inexistente”, sostiene el autor.
